Tus derechos no desaparecen cuando te internan.

En personas adultas, el artículo 75 permite el internamiento únicamente de forma voluntaria, como último recurso terapéutico, cuando produzca mayor beneficio que otras intervenciones y sólo durante el tiempo estrictamente necesario. No puede indicarse para resolver problemas familiares, sociales, laborales, de vivienda o de cuidados. El consentimiento debe provenir de la persona usuaria; su capacidad se presume.

Tienes derecho a información suficiente, clara, oportuna, veraz, accesible y comprensible sobre tu salud, diagnóstico, objetivos, beneficios, riesgos y alternativas. La atención debe apoyarse en una evaluación integral y un plan individual documentado y revisado. Pide que las decisiones, el consentimiento y la evolución clínica queden asentados en el expediente.

Puedes requerir apoyos para comprender opciones, expresar preferencias y tomar decisiones. Esos apoyos deben respetar tus derechos y tu voluntad; no convierten automáticamente a un familiar en quien decide por ti. La ley presume capacidad y exige consentimiento informado para el tratamiento y el internamiento.

En una unidad hospitalaria médico-psiquiátrica tienes derecho a comunicarte con el exterior, enviar y recibir correspondencia privada sin censura, acceder a medios electrónicos y prensa, y recibir visita familiar. También puedes solicitar reuniones con el equipo tratante y hacerte acompañar por una persona de confianza.

La atención debe respetar tu dignidad e integridad. La Ley General de Salud reconoce el derecho a no ser sometido a aislamiento, coerción, prácticas crueles, inhumanas o degradantes, ni a tratamientos sin consentimiento informado. Una urgencia médica no es una autorización general para retener o tratar a una persona contra su voluntad: la excepción del artículo 51 Bis 2 exige que la persona no pueda consentir por ningún medio, que no exista voluntad anticipada y que la demora ponga en riesgo inminente su vida o pueda causar daño físico irreversible; la actuación debe asentarse e informarse conforme a la ley.

Si no consentiste, no recibiste información o te retienen por razones ajenas a una indicación terapéutica, documenta nombres, fechas, comunicaciones y el establecimiento. Busca asesoría jurídica para valorar una queja, una denuncia sanitaria o, según el caso, un juicio de amparo. La vía correcta depende de si intervino una autoridad federal, local o un establecimiento privado.